La eficiencia energética no solo representa una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático, sino también una oportunidad para optimizar los recursos y reducir costes operativos. En España, el Real Decreto 56/2016 marca el marco regulador vigente en materia de eficiencia energética, pero nuevas exigencias se perfilan en el horizonte con la futura transposición de la Directiva de Eficiencia Energética revisada de la Unión Europea. Este post analiza el panorama actual y las implicaciones de los próximos cambios legislativos.
El marco actual: Real Decreto 56/2016
Desde su aprobación, el RD 56/2016 establece las bases para la realización de diagnósticos energéticos en España. Esta normativa, en línea con la Directiva Europea 2012/27/UE, obliga a las grandes empresas (aquellas que tienen más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros y un balance general mayor a 43 millones de euros) a llevar a cabo un análisis detallado de su consumo energético cada cuatro años.
El objetivo de estos diagnósticos es identificar y evaluar oportunidades de ahorro energético, permitiendo a las empresas optimizar sus consumos y reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
Principales requisitos del RD 56/2016
- Sujetos obligados: Grandes empresas según los criterios mencionados. Las pymes están exentas de esta obligatoriedad, aunque puede beneficiarse voluntariamente de eficiencia energética.
- Periodicidad: Deben realizarse cada cuatro años.
- Alcance: Deben cubrir, al menos, el 85% del consumo energético total de la organización.
- Calidad: Deben ser realizadas por profesionales cualificados y basarse en datos fiables y representativos del consumo.
- Alternativas: Las empresas que dispongan de sistemas de gestión energética certificados (ISO 50001) o sistemas de gestión ambiental (ISO 14001 con un componente energético) pueden estar exentas, siempre que cumplan con los requisitos equivalentes.
El RD 56/2016 también enfatiza la importancia de la cualificación de los auditores energéticos y la necesidad de registrar y reportar los resultados a las autoridades competentes.
Cambios en el horizonte: La nueva Directiva de Eficiencia Energética
En 2023, la Unión Europea aprobó una revisión de la Directiva de Eficiencia Energética, que introduce nuevos objetivos más ambiciosos en la reducción del consumo energético y la descarbonización. Aunque esta directiva aún no ha sido transpuesta al marco normativo español, se anticipa que incluirá importantes modificaciones respecto al modelo actual.
Puntos clave de la nueva Directiva (2023/1791)
- Ampliación de la obligatoriedad de los diagnósticos energéticos: Se prevé que los requisitos de evaluación del consumo energético se extiendan a un mayor número de empresas, incluidas las PYMES con un consumo medio anual de energía superior a 10 terajulios (TJ) durante los tres años anteriores.
- Reducción del consumo: La directiva establece un objetivo vinculante para reducir el consumo energético en un 11,7% para 2030 en comparación con las proyecciones de referencia de 2020.
- Mayor transparencia y seguimiento: Se refuerzan las obligaciones de información y notificación sobre las medidas implementadas y los resultados obtenidos tras los análisis de eficiencia energética.
- Promoción de la descarbonización: Los estudios energéticos deberán evaluar también la viabilidad de implementar fuentes de energía renovable y otras soluciones bajas en carbono.
- Implantación de ISO 50001: Además, la directiva indica que las empresas con un consumo medio anual de energía superior a 85 TJ durante los tres años anteriores están obligadas a implementar un Sistema de Gestión Energética.
Este cambio legislativo tiene como objetivo alinear a todos los Estados miembros con las metas de neutralidad climática de la UE para 2050. Además, busca impulsar una transformación estructural en sectores clave, promoviendo un uso más eficiente de la energía en toda la economía.
Implicaciones para las empresas en España
La transposición de esta nueva directiva supondrá una adaptación significativa para las empresas en España. Aquellas que actualmente no están obligadas por el RD 56/2016 podrían verse incluidas en el nuevo marco regulatorio. Por ello, resulta fundamental que las organizaciones empiecen a prepararse desde ahora.
Recomendaciones para adaptarse al nuevo escenario
- Realizar evaluaciones energéticas preventivas: Incluso si no estás obligado actualmente, un diagnóstico energético puede ayudarte a identificar oportunidades de ahorro y prepararte para futuros
requisitos regulatorios.
- Implementar sistemas de gestión energética: Certificaciones como la ISO 50001 no solo mejoran la eficiencia, sino que también pueden eximir a las empresas de ciertas obligaciones.
- Analizar y Monitorizar el consumo energético: Contar con sistemas de medición y seguimiento en tiempo real facilita la identificación de ineficiencias y la implementación de soluciones correctivas.
- Formar a los equipos: La sensibilización y formación de empleados en temas de eficiencia energética es clave para asegurar un compromiso colectivo.
- Estar al día con las novedades normativas: Mantenerse informado sobre la transposición de la directiva te permitirá anticiparte a los cambios y garantizar el cumplimiento.
Beneficios de las diagnósticos energéticos
Más allá de la obligatoriedad legal, los estudios de eficiencia energética representan una inversión estratégica para cualquier organización. Entre sus principales beneficios destacan:
- Reducción de costes: Al identificar ineficiencias y proponer mejoras, las empresas pueden reducir significativamente sus facturas energéticas.
- Mejora de la competitividad: Empresas más eficientes son más competitivas en el mercado global.
- Cumplimiento normativo: Evitar sanciones y garantizar la conformidad con la legislación vigente.
- Contribución a la sostenibilidad: Reducir el consumo energético disminuye la huella de carbono y mejora la reputación corporativa. Este diagnóstico puede ser el punto de partida de un futuro Plan de Descarbonización.
- Acceso a subvenciones y ayudas: En España, existen incentivos para proyectos de eficiencia energética que pueden ayudar a financiar las medidas recomendadas en los estudios de eficiencia.
